El Gobierno estudia si sigue la rebaja. Si bien oficialmente no se ofrecieron precisiones sobre el tema, el presidente Néstor Kirchner analizó ayer por la mañana, junto al ministro de Economía, Roberto Lavagna, la firma del decreto de necesidad y urgencia para prorrogar por un año la reducción del aporte de los afiliados a las AFJP. El objetivo es mantener el descuento salarial en el 7%, suspendiendo la aplicación del decreto que ordena elevar ese porcentaje al 9% a partir de los sueldos de julio, y al 11% desde octubre próximo. Esta última tasa es la que prevé la ley 24.241, que regula el sistema nacional de jubilaciones, y es el nivel de descuento que tienen quienes aportan al régimen de reparto.

Hasta última hora de ayer, en el Gobierno varias fuentes admitieron que el tema se analizó, pero no confirmaron que el decreto estuviera ya firmado. Así se indicó en la Casa de Gobierno y en los Ministerios de Economía y de Trabajo. Esa medida podría concretarse la semana próxima, cuando se terminen de definir los detalles técnicos. Una de las alternativas en estudio es la de habilitar al Poder Ejecutivo para que, en ciertas condiciones, pueda modificar la tasa con un decreto común.

Con la prórroga, se busca evitar un efecto negativo en el salario de bolsillo de los trabajadores, ya que la restitución de dos puntos a la tasa de descuento significaría una baja del 2,3% en el ingreso neto, en tanto que cuando se complete la restitución del 11%, la caída será del 4,6 por ciento.

La contracara de esa consecuencia de corto plazo es la afectación de las jubilaciones futuras de los casi 4 millones de aportantes en relación de dependencia del régimen de capitalización. Los efectos serán variables según la rentabilidad y las comisiones que aplicarán en el futuro las AFJP, pero, en todo caso, los beneficios esperados serán cada vez menores cuanto más tiempo transcurra sin el aporte regularizado, en relación con lo que podría esperarse con un descuento del 11% de los salarios.

MAS POBREZA:

Un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) concluye que el Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de aumentar la alícuota con un impacto negativo en los índices de pobreza, o bien disminuir las jubilaciones futuras.

Según ese centro de estudios, si se eleva el aporte personal con destino a la AFJP al 11%, habrá 143.135 personas que caerán bajo la línea de la pobreza, con un crecimiento del 1,5% en el índice. Esto ocurriría por los trabajadores que, dado su nivel salarial, se encuentran cerca del ingreso necesario para mantenerse al margen de esa condición social. En cambio, sobre la indigencia el efecto sería menor.

El informe también destaca que la medida no provocaría ningún efecto fiscal, ya que sólo impacta en los aportes personales que se derivan a las cuentas individuales de los afiliados a las administradoras privadas.