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Pasaron cinco meses desde que la Corte arremetió contra la ley de accidentes de trabajo,
y aún se mantiene el temor por más juicios laborales

Las administradoras y los empresarios reclaman certidumbre; los trabajadores no saben cómo es el régimen vigente:
· Las ART decidieron aumentar sus reservas de juicios pendientes para cubrirse de eventuales demandas
· "Ahora condenan a las compañías en forma solidaria", dicen desde la CGT

Ya nada es igual en el mercado laboral después de los fallos de la Corte que declararon la inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo. Empresarios, trabajadores, abogados y el Gobierno lo saben y tratan de convivir en la incertidumbre.

Nadie sabe a ciencia cierta en qué parte de su estructura va a impactar el coletazo de los fallos de septiembre último, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo y puso en jaque el sistema vigente desde 1996.

Tampoco nadie quiere dar datos concretos de cómo cambiaron los índices de litigiosidad de las aseguradoras, aunque un informe del sector que circula entre los directivos de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) indica que los juicios que las tienen como demandadas se han multiplicado.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre que provoca tener una ley que ya no cubre todas las variantes de la problemática, todos los actores del sistema -conscientes de que el mercado de los riesgos del trabajo cambió para siempre-, buscan prepararse para un nuevo escenario.

Así las cosas, las ART hacen sus cuentas y decidieron aumentar sus reservas de juicios pendientes para cubrirse de eventuales demandas. Los empresarios temen que los pleitos compliquen sus finanzas. Los abogados de las compañías dicen que se incrementó el número de consultas, mientras sus colegas laboralistas también, sólo que ellos para reclamar judicialmente la reparación integral que estaba vedada antes de las sentencias de la Corte.

Las comisiones médicas -encargadas de establecer el grado de incapacidad o la aceptación de la patología como enfermedad del trabajo-, son más benévolas a la hora de examinar a los trabajadores y los trabajadores algo más exigentes para darse por satisfechos.

A todo esto, el Gobierno se toma su tiempo para definir el nuevo proyecto de ley que de un nuevo marco legal para el régimen, pero por sobre todo que brinde algo que todos reclaman: certidumbre.

A mediados de septiembre pasado, el alto Tribunal declaró la inconstitucional del artículo 46 de ley de riesgos de trabajo y dispuso que la justicia provincial -no la federal como establecía originalmente la norma-, fuera la que entendiera en los reclamos por la determinación de la incapacidad que hacen las comisiones médicas.

Quince días después, la Corte volvió a arremeter contra una de las leyes laborales de los noventa. Esta vez, declaró la inconstitucionalidad de otro artículo de la ley de riesgos de trabajo. Se trata de aquel que exime de culpa civil a los empleadores por los daños sufridos por su personal en accidentes o enfermedades laborales.

Según un informe que circula en los despachos de los principales directivos de las empresas del sector y al que LA NACION tuvo acceso, de los primeros datos recogidos del 2005 surge que la tasa de crecimiento de los juicios respecto de igual período de 2004, es del 66%. Otra particularidad que muestra el estudio es que el 50% de esos reclamos se radican en la provincia de Córdoba, con un crecimiento frente a igual período del año pasado de un 170 por ciento.

Diferencia en las cifras:

De los números de 2004 se desprende que "de las provincias más relevantes en cuanto cápitas cubiertas, Mendoza es donde se registra el mayor incremento de juicios iniciados frente a 2003 con un 83%; le siguen Buenos Aires con un 47% y Córdoba con un 38 por ciento", según dice el informe.

Pero la anarquía en que quedó el sistema desde los fallos de la Corte, también se trasladó a las cifras.

El asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde opina lo contrario y exhibe sus propios números. "En el fuero laboral porteño, entre diciembre y febrero pasado, se presentaron 29 juicios por accidentes de trabajo y 105 por reparación integral del daño", subraya Recalde.

"En realidad la litigiosidad ha bajado, sólo que ahora condenan a las ART en forma solidaria", sostiene el especialista al referirse a la nueva tendencia de condenar indistintamente a la aseguradora o al empleador.

En verdad los fallos contra las ART se han sucedido en el último tiempo. El miércoles pasado, por la muerte de un trabajador que se cayó desde una altura de 12 metros, una empresa de sistemas fue condenada a pagar a los padres en primera instancia una indemnización de $ 170.000. La sentencia fue apelada, pero la Sala VI de la Cámara elevó la indemnización a $ 220.000. La novedad es que hizo extensiva la condena dispuesta a la ART por no haber observado las obligaciones que el sistema pone a su cargo.

Uno de los especialistas en derecho laboral del estudio Baker & McKenzie, Marcelo Aquino dice que "una de las consecuencias que existen hoy es que los trabajadores buscan que las ART les cubran las prestaciones del sistema -tratamientos, cobertura médica, medicamentos, entre otras-, y después hacen el reclamo judicial por una reparación económica mayor".

Comisiones médicas:

Respecto de cuál ha sido la reacción de las comisiones médicas, Aquino afirma que no sólo que se han mejorado los grados de incapacidad, sino que también son más flexibles a la hora de aceptar las patologías que antes eran más discutidas. "Sin embargo -agrega-, no soy optimista respecto de que si un trabajador acepta las prestaciones de la ART no reclame por la diferencia".

Algo más técnica es la visión de Jorge Bru, especialista del Estudio Stiglitz. "Las compañías no cobran primas por responsabilidad civil y no pueden ser condenadas por eso. Además, el sistema fue ideado para poner límites a las indemnizaciones. Pero más allá del viraje que la jurisprudencia mostró en los últimos meses, existen otras preocupaciones de la que los empresarios no son ajenos. Las ART buscan cómo manejar un mecanismo de reservas de juicios que no fue concebido para que sus empresas sean demandas en forma masiva. Uno de los puntales del régimen era justamente que el riesgo estuviera acotado y los montos tarifados. Ahora los técnicos de las ART se encuentran ante un panorama distinto. Y ante la duda, han decido reservar más dinero en sus balances para soportar eventuales sentencias. Además, el incremento de los porcentajes de incapacidad y la aceptación de nuevas enfermedades hicieron subir los costos. "Irremediablemente esta situación va a impactar en la tarifa", confió por lo bajo un analista.

Los empresarios también acusaron el golpe. De hecho es uno de los puntos que se repiten en todas las agendas de trabajo que comparten con los sindicalistas. Sin ir más lejos, la discusión está presente en todas las reuniones que por estos días mantienen la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT en busca de un acuerdo salarial."Todos están preocupados por el tema. Los empresarios que saben que una sentencia les puede complicar sus finanzas y las ART, que no tienen ninguna certidumbre", explica Aquino.

Pasaron cinco meses desde la arremetida de la Corte contra la ley que era la base del sistema de riesgos de trabajo sin que alumbrara una nueva norma. Demasiado tiempo para un régimen que tiene como otro de sus pilares la certidumbre.