Los sindicalistas sostienen que acordaron con el Gobierno; la UIA firmará "si es lo que piden"
En forma progresiva, el salario mínimo se elevaría de los $ 450 actuales a 630. Ese incremento, según fuentes sindicales consultadas por LA NACION, fue acordado hace 10 días entre la CGT y el presidente Néstor Kirchner, y terminó de definirse en una reunión con los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Carlos Tomada. Si bien causa resistencias en ámbitos empresariales, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, admitió ayer que estaría dispuesto a firmar si eso es lo que las autoridades piden.
La medida quedaría sellada en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que se reunirá el miércoles. Tomada convocó para pasado mañana a los presidentes de las cámaras empresariales -que no necesariamente son los integrantes de la mesa de diálogo, pero sí quienes toman las decisiones políticas- y a dirigentes del sindicalismo.
El incremento de la remuneración mínima se completaría en tres etapas y, en la práctica, sólo se estaría formalizando una situación existente, por lo que no variarían los ingresos de bolsillo de los trabajadores, aunque sí aumentaría el costo para las empresas (ver Pág. 2). De inmediato, el mínimo pasaría a $ 510; esa cifra suma los 60 que desde abril debieron incorporarse a la base remunerativa de los salarios, por los 50 que desde el año pasado se recibían como asignación no sujeta a cargas sociales.
Después, en un esquema que podría ser de dos cuotas (podría ser en julio y en septiembre o bien en forma más inmediata, según reclama la CGT) se sumarían $ 120 por los 100 que desde enero se abonan como cifra no remunerativa. Atado al alza del ingreso mínimo se prevé elevar el tope salarial que rige para cobrar asignaciones familiares, hoy de $ 2025 -se llevaría al menos a 2205-. Esto evitaría, en principio, que quienes hoy están cobrando dejen de hacerlo por exceder ese máximo de ingresos. Además, se estudia subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta última cifra es hoy cercana a $ 1800 para un trabajador soltero y sin otras deducciones.
Si bien el pedido de máxima de los sindicalistas es que ese máximo llegue a 3000, en Trabajo señalaron que el tema se está evaluando con la cartera económica, debido al efecto fiscal que significaría.
En las reuniones del Consejo se pondrían en consideración también algunas reformas al régimen del seguro de desempleo. Con la idea de ampliar ese beneficio que sólo cobran unos 60.000 desocupados, se trabajaría en las siguientes líneas:
· Permitir el acceso al cobro a los trabajadores que estuvieron en negro, si presentan información que pruebe la relación laboral; en este caso, se habilitaría el cobro y se tomarían acciones contra la empresa para cobrar los aportes evadidos.
· Reducir de 12 a 6 la cantidad exigida de aportes realizados a la seguridad social.
· Flexibilizar la extensión del cobro del beneficio en función de la edad: quienes tienen más años cobrarían por más tiempo.
En Mar del Plata, donde finalizó ayer un foro de la UIA, el nuevo presidente de la entidad, Héctor Méndez, admitió que, si bien "no estamos de acuerdo" con incorporar $ 120 al salario mínimo, "lo aceptaremos si es lo que el Gobierno necesita". Advirtió que el alza de costos no está al alcance de todos los industriales, algo que también observó el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi.
Tomada, que disertó en esa reunión, intentó tranquilizarlos cuando afirmó que el Gobierno confía en que las alzas salariales se alcancen a partir de las negociaciones colectivas. Tras evaluar que "pasamos de una etapa de conflictividad social a una de conflictividad laboral", el ministro dijo que "la administración del conflicto debe ser a partir del consenso" y agregó que hoy "hay cierta cotidianeidad en la reivindicación laboral producto de muchos años de crisis".
Los empresarios esperan también que se disponga una mejora en los ingresos desde el pago de asignaciones familiares.
DIFERENCIAS:
De todas formas, la UIA ocupa sólo algunas de las sillas de la mesa del Consejo. Con una postura mucho más crítica, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, dijo que "si todo ya está negociado, entonces los podrían firmar en un decreto y no convocar" al Consejo. "Estamos molestos por la modalidad, porque si el hecho ya está consumado, que lo firmen entonces", consideró, a la vez que señaló que la incorporación de los $ 120 no mejora el ingreso de los trabajadores, pero sí las cajas de los sindicalistas.
En la CGT, si bien hay satisfacción con el llamado a la reunión, la puja interna no dejaba de reflejarse. Mientras que para los moyanistas es una victoria que el Presidente respalde el pedido de la central obrera, los llamados "gordos", líderes de los grandes sindicatos, intentaron relativizar lo logrado, al decir que la suba del costo de vida superó el nivel de ajuste del mínimo.
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