Detectan un tercio de empleados en negro en 36.000 empresas.
Restaurantes, agro, construcción y transporte, los sectores más incumplidores.
Entre enero y mayo últimos, la AFIP detectó, en operativos coordinados con el Ministerio de Trabajo, un 33% de trabajo en negro en 36.000 empresas que emplean a 98.000 personas. De ellas, 32.000 estaban en situación no legal y las irregularidades determinaron una deuda con la seguridad social por $ 31 millones. Los datos fueron presentados por el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, durante el II Foro sobre Clandestinidad Laboral, organizado por la Unión de Entidades de Servicios (UDES).
El funcionario aclaró que a esas inspecciones deben sumarse fiscalizaciones del organismo recaudador que, en los primeros 5 meses del año, permitieron detectar deudas fiscales por $ 101 millones. Además, se cursaron 469.000 intimaciones por falta de presentación o de pago de las declaraciones juradas de empleados, que sumaron $ 914 millones en el período.
Los datos citados en el primer párrafo reflejan los resultados del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que fue lanzado en septiembre de 2003 por la cartera laboral y la AFIP. Durante el foro, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, sostuvo que, como consecuencia de esos operativos, uno de cada cuatro trabajadores que en las visitas a empresas están en situación irregular es blanqueado tras el control. En cambio, en el 75% de los casos se da intervención a la AFIP para que se apliquen los mecanismos para sancionar.
Según los datos expuestos por la funcionaria, hasta marzo de este año se controlaron en el plan 88.779 empresas, y se relevaron 292.453 trabajadores, de los cuales el 22% estaba en situación irregular. Sobre el total de compañías, se detectaron infracciones en el 28% de los casos.
Los porcentajes no coinciden con el índice de asalariados sin aportes jubilatorios -del 47,5%-, relevado por el Indec en su última Encuesta Permanente de Hogares, correspondiente al primer trimestre de este año. Pero esto se explica, entre otras causas, porque la informalidad se concentra en las unidades de producción de menor tamaño -microempresas-, mientras que las inspecciones están dirigidas principalmente a empresas medianas.
Eso explica también por qué los sectores en los que los inspectores encontraron mayor porcentaje de irregularidades no son los mismos que los datos del Indec muestran como los más afectados. Los índices más altos se encontraron en restaurantes (37%), el agro (37%), la industria maderera (36%), la construcción (30%) y el sector de transporte y comunicaciones (28%).
>> PROPUESTAS:
Según datos oficiales, que expuso Norberto Peluso, responsable de la comisión de asuntos laborales de UDES, las actividades más afectadas son el servicio doméstico, la construcción, los hoteles y restaurantes, el comercio y el sector de transporte y comunicaciones, en ese orden.
Para la entidad que agrupa a varias cámaras empresarias, un camino para ayudar a solucionar el problema sería que se brindara a las empresas la posibilidad de compensar con impuestos el pago de las contribuciones sociales. Si con este mecanismo se lograra un blanqueo generalizado, se recaudaría más. Peluso recordó que la falta de aportes jubilatorios de gran parte de la población genera un problema futuro, ya que esas personas querrán un ingreso cuando les llegue la hora del retiro.
Al presentar a los disertantes, el presidente de la UDES, Jorge Alvarez, se había referido a la necesidad de otras medidas que, según consideró, ayudarían a quienes cumplen, como la aprobación de una ley que resuelva la incertidumbre del sistema de riesgos laborales y la eliminación de la indemnización por despido gravada, que hoy está en el 180% de lo que marca la ley.
El abogado laboralista asesor de la CGT, Héctor Recalde, reclamó simplificación laboral para las pymes, además de una normativa que facilite el seguro de desempleo a quienes estuvieron en negro.
Nuevo sistema de registro
En cuanto a simplificar el registro de trabajadores, Abad recordó que a partir de este mes se cumple la primera etapa de un plan que se completará en un año y que apunta a favorecer la inscripción.
La novedad de este mes es el sistema para informar las altas, bajas y modificaciones, que deberá hacerse por Internet, dentro de una base de datos en la que ya están registradas las particularidades de afiliación a las obras sociales, sistema jubilatorio y riesgos del trabajo.
Además, a partir de ahora, cada persona que ingrese a trabajar en una empresa deberá recibir una constancia de la inscripción. Allí se le dará una clave fiscal para acceder a misaportes.com, un sistema que permite controlar el pago de los aportes a la seguridad social por parte de los empleadores. Según Abad, esa base de datos ya tuvo 800.000 consultas.
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